El cierre del año encuentra a varios gobernadores atravesando focos de conflicto sindical y social que anticipan un escenario tenso para las próximas semanas. En Córdoba, Martín Llaryora quedó en el centro de un duro cruce con gremios estatales, tras la aprobación de cambios previsionales; en Chaco, Leandro Zdero enfrenta una profundización de la crisis del transporte público, con suspensiones de choferes y reclamos empresariales y sindicales; y en Entre Ríos, Rogelio Frigerio fue blanco de una protesta de estatales en la Casa de Gobierno por la no renovación de contratos y la falta de paritarias.

En Córdoba, el conflicto escaló este lunes durante una masiva movilización de trabajadores estatales en el centro de la capital provincial. En el acto principal, el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Rubén Daniele, lanzó fuertes críticas contra el gobernador Martín Llaryora y lo advirtió con una frase que generó inmediato repudio oficial: “Te vamos a ir a buscar donde estés”.

Horas después, Llaryora respondió desde sus redes sociales, donde afirmó haber recibido múltiples mensajes de apoyo y calificó los dichos del dirigente sindical como “una clara incitación a la violencia”. El mandatario sostuvo que algunos le recomendaron denunciar a Daniele, pero descartó esa posibilidad, al recordar que tampoco lo hizo cuando fue víctima de una campaña de difamación con imágenes generadas por inteligencia artificial. 

“No me van a amedrentar los insultos ni los agravios. La violencia no conduce a nada y Córdoba no la necesita”, expresó, y pidió a sus seguidores no responder con agresiones.

La marcha reunió a docentes de la UEPC, municipales del Suoem, bancarios, judiciales y trabajadores de otros gremios, en rechazo a las modificaciones aprobadas por la Legislatura unicameral que habilitan al Poder Ejecutivo local a incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Los sindicatos cuestionan que el ajuste recaiga sobre los trabajadores y denuncian la falta de instancias de diálogo con el gobierno provincial. El enfrentamiento con el Ejecutivo cerró el año con un clima de confrontación que anticipa nuevas tensiones, consignó el diario "Ámbito".

Crisis del transporte en Chaco

En el Chaco, la crisis del transporte urbano en el área metropolitana sumó un nuevo episodio con la suspensión de 90 choferes de colectivos de las empresas ERSA y TCM, por períodos de entre 15 y 30 días, según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expuso la gravedad de un sistema que se deterioró tras la quita de subsidios nacionales, un faltante que, según fuentes empresarias, no fue compensado plenamente por la gestión del gobernador Leandro Zdero, lo que trasladó el peso del financiamiento al boleto en un contexto de fuerte caída de pasajeros.

En una conferencia de prensa, autoridades de la Cámara de Empresas del Transporte del Chaco (Cetach) advirtieron que el sistema está al borde del colapso. Su asesor legal y presidente, Gustavo Larrea, señaló que la cantidad de usuarios se redujo drásticamente: de 1,5 millones a comienzos de año a unos 700.000 en noviembre. Atribuyó la caída al aumento del boleto mínimo, que alcanza los $1.300, frente a salarios estancados y la ausencia de subsidios. Según explicó, el retiro de los aportes provinciales al esquema de compensación derivó en una baja de pasajeros cercana al 50%, al volverse el transporte público menos competitivo frente a otras alternativas.

En la misma línea, Facundo Sartore, de la empresa San Fernando, sostuvo que el sistema de transporte en Resistencia atraviesa una situación “muy complicada” y advirtió que, de persistir las actuales condiciones, podría encaminarse hacia su desaparición. Remarcó que, a diferencia de otras jurisdicciones, en el Chaco el impacto de la quita del fondo compensador nacional no fue absorbido por el Estado, lo que profundizó la crisis y generó una competencia desigual con otros medios de transporte.

Desde el sindicato, el secretario general de la UTA, Raúl Abraham, rechazó las suspensiones y advirtió que se analizan medidas de fuerza. Afirmó que “la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores” y reclamó respuestas oficiales que garanticen tanto el empleo como la continuidad del servicio. Hasta el momento, la Subsecretaría de Transporte provincial no se pronunció, lo que incrementa la incertidumbre en un contexto de alta conflictividad.

Protesta en Entre Ríos

En Entre Ríos, el conflicto se trasladó al patio de la Casa de Gobierno, donde empleados estatales nucleados en ATE realizaron una asamblea y una posterior movilización para reclamar la renovación de contratos y la apertura de paritarias. La protesta respondió a la decisión del Ejecutivo provincial de no renovar los contratos que vencen el 31 de diciembre.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, calificó la medida como “una perversidad” y la enmarcó en una serie de decisiones que, según afirmó, perjudicaron a los trabajadores estatales en los últimos dos años. Entre ellas, mencionó ocho meses de congelamiento salarial. 

El sindicato tomó conocimiento de las cesantías a través del Decreto 3.817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, que alcanzaría a cerca de 100 empleados.

Con relación alas paritarias, el gobierno provincial anticipó que no convocará a negociaciones salariales hasta febrero. La protesta comenzó con una asamblea en el patio de la Casa de Gobierno y continuó con una marcha por los pasillos hasta la puerta del despacho del gobernador, sin que se registraran incidentes. Frigerio no se expresó públicamente sobre la manifestación.

El mandatario, sin embargo, recibió una señal de alivio financiero al inicio de la semana, luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera el giro de $220.000 millones en concepto de anticipo financiero, argumentando que la provincia se encuentra transitoriamente impedida de afrontar compromisos urgentes de su presupuesto y deudas, y en medio de la aprobación del Presupuesto nacional 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto 922/2025 y se conoció pocos días después de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, con el acompañamiento de gobernadores aliados y dialoguistas.